Comienza junio y con ello el “Mes del Buen Trato” hacia las personas mayores. Esta fecha encuentra a Chile en un momento histórico con la reciente promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores, que reconoce por primera vez que envejecer con dignidad es un derecho.
Aunque esta nueva normativa representa un avance largamente esperado, sabemos que su principal desafío no estará únicamente en su implementación reglamentaria o en los recursos que la acompañen. El verdadero reto será impulsar un cambio cultural profundo en nuestra sociedad.
Mientras sigamos asumiendo que una persona mayor no puede aprender algo nuevo, desempeñarse laboralmente o tomar decisiones por sí misma, ningún marco legal será suficiente. Los estereotipos negativos sobre la vejez están tan arraigados que muchas veces pasan inadvertidos, pese al daño que generan. Se trata de una forma de discriminación conocida como edadismo o viejismo.
La nueva ley no solo aborda esta realidad, sino que la reconoce explícitamente y obliga al Estado a promover su erradicación. Entre otros avances, consagra el derecho de las personas mayores a recibir un trato digno y respetuoso en todos los ámbitos de su vida. Asimismo, establece que los organismos públicos y privados deben brindar una atención preferente y oportuna, utilizando un lenguaje claro, simple y adecuado.
Este reconocimiento es especialmente relevante porque instala la no discriminación por motivos de edad dignidad y el respeto como derechos exigibles, y no únicamente como expresiones de buena voluntad.
Sin embargo, el edadismo está presente en nuestras familias, en la publicidad, en los medios de comunicación e incluso en el propio Estado. Por eso, la implementación exitosa de esta ley dependerá también de nuestra capacidad para dejar atrás los prejuicios que limitan su participación plena.
Solo cuando el buen trato hacia las personas mayores sea un valor común al interior de nuestra sociedad, se habrá dado el verdadero cambio cultural. Porque hablar de buen trato no significa simplemente ser amables. Implica reconocerlos como ciudadanos con los mismos derechos, capaces de decidir sobre sus vidas y de seguir contribuyendo activamente al desarrollo de sus comunidades y del país.
Construir una sociedad para todas las edades no es una tarea exclusiva de las políticas públicas. Es una responsabilidad compartida que nos interpela a todos.
Beatriz Urrutia Quiroz
Directora Ejecutiva
Fundación Grandes